El Ministerio Público Fiscal de Salta ratifica su posición a favor de la mediación

Legisladores provinciales y funcionarios nacionales se reunieron en forma virtual con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y abordaron la situación de conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios y especialmente, el caso de la comunidad wichí El Algarrobal, en Pichanal.

El encuentro contó con la participación del director
Jurídico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Julián Celso Fernández
Duarte;
el coordinador Norte y la directora de Tierras de la Secretaria de
Agricultura Familiar Campesina Indígena, Ignacio Garzarón y María
José Castillo
; la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados de Salta, Jorgelina Juárez y el diputado de Orán, Iván
Mizzau
; los abogados Chyntia Flores y José Castro Videla y la
coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro.

El director de Asuntos Jurídicos del INAI, Fernández
Duarte,
manifestó al procurador Abel Cornejo, la necesidad de que se
respete la normativa nacional vigente; y especialmente la Ley nacional 26160 de
relevamiento territorial de comunidades indígenas, que fue sancionada a efectos
de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades
Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la
Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del
Convenio 169 de la OIT. Dicha Ley fue prorrogada en tres oportunidades: en el
año 2009 mediante la Ley 26.554; en 2013 a través de la Ley 26.894, y en 2017
mediante la Ley 27.400, por la cual se extendió su vigencia hasta noviembre de
2021. Es una ley de emergencia y de orden público.

Específicamente sobre la comunidad El Algarrobal, el
funcionario recordó el reconocimiento de la ocupación hecho por el INAI, en 2018,
a través de la Resolución 323/2018, que en el Artículo 2°, indica: “Reconócese
la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Wichi El Algarrobal,
perteneciente al pueblo wichi, asentada en el Depto. Orán, provincia de Salta,
respecto de la superficie georreferenciada, que como Anexo I
(IF-2018-40132113-APN-INAI#MJ) forma parte de la presente medida”. La superficie
comprende 622 hectáreas y las que actualmente están en conflicto son menos de
cinco, comprendidas en dos lotes no productivos. El conflicto se originó cuando
la comunidad empezó a limpiar ese sector para establecer una huerta.

En ese marco, el Procurador recordó la propuesta de
conformar una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia
Habitacional
y su instrucción al cuerpo de fiscales de llamar a mediaciones
y evitar el uso de la fuerza o la represión “como alternativa ante los conflictos
que agravan situaciones generadas por la emergencia social y el escándalo moral,
que es la pobreza”, porque ello, “solo echaría nafta al fuego”.
Insistió en
que la única solución posible, debería “adoptarse desde un punto de vista
humanitario, de los derechos humanos y político, sostenido por el equipo de
mediadores del MPF.

También señaló la necesidad de que se cumpla con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Lotes Fiscales 14 y 55.

Fernández Duarte y María José Castillo coincidieron
en que la vía de solución es política y la funcionaria manifestó su preocupación
por la criminalización de una situación que no requiere una definición penal. También
pidió que el Ministerio Público Fiscal establezca un protocolo para que prohibir
desalojos cautelares y que se prorroguen los previstos, tal como lo establece
la normativa vigente.

Finalmente, Fernández Duarte compartió que preparan
un anteproyecto de Ley para que todos los poderes del Estado se capaciten en
Derecho Indígena, tal como sucede con Ley Micaela porque “se necesitan
seriamente políticas públicas y una mirada intercultural, además de la capacitación
de fiscales en esa rama del derecho”.

Fuente: POLICIALES | http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar
El Ministerio Público Fiscal de Salta ratifica su posición a favor de la mediación

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